PRENSA O PERIODICO
PERIODICO SEMANA.COM
Las
prisiones colombianas: un problema de todos
Por
Manuel Iturralde*
OPINIÓNES: esta
es la segunda entrega de una serie de columnas sobre el sistema carcelario en
Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.
Jueves 29
Septiembre 2011
Actualmente hay alrededor de 115.000 personas
detenidas en las prisiones colombianas. De éstas, aproximadamente el 94% son
hombres y el 6% mujeres; el 70% son condenados, mientras que el 30% restante
son sindicados. El 35% de los sindicados del país, quienes son inocentes hasta
que se demuestre lo contrario, llevan más de un año presos, y el 15% más de dos
años. El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años tras las rejas; el 39%
entre 6 y 20 años, y el 16% restante más de 20 años.
Todas estas cifras se hacen más reveladoras si se tiene en cuenta que, en las
condiciones actuales, estar privado de la libertad en una cárcel colombiana, en
la inmensa mayoría de los casos, constituye una experiencia dolorosa e
inhumana, dadas las precarias condiciones de vida que los centros de reclusión
a cargo del Estado ofrecen a los presos: a pesar de la construcción de diez
nuevas prisiones, que generaron 22.000 nuevos cupos a un costo de 1,2 billones
de pesos, la gran mayoría de la infraestructura de las prisiones colombianas es
obsoleta, por lo que no está en condiciones de albergar de manera digna a una
población del tamaño de Sogamoso o Zipaquirá; los servicios de salud son
escasos y deficientes; las condiciones de salubridad e higiene son tan pobres
que las personas detenidas sufren de manera desproporcionada frente al resto de
la población de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis. A lo anterior
debe sumarse la mala alimentación, la violencia y los maltratos, físicos y
psicológicos, a los que se ven sometidos los reclusos.
La lamentable situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en
buena medida por las altas cifras de hacinamiento del sistema, hoy en día
cercano al 30% (igual al promedio de los últimos 20 años), pero que en algunos
establecimientos más grandes, como la Modelo y la Picota en Bogotá, Bellavista
en Medellín, y Vistahermosa en Cali, supera el 100%. Por esto no es de extrañar
que una de las supuestas finalidades de la prisión, la resocialización de los reclusos,
sea un objetivo inalcanzable, pues no existe ni la infraestructura ni los
medios suficientes para ofrecer programas de educación y trabajo que ayuden a
los reclusos a reintegrarse a la sociedad.
La falta de oportunidades de integración al mercado laboral de quienes salen de
prisión, en su mayoría hombres de entre 18 y 30 años con bajos niveles
educativos, explica en un alto grado los significativos niveles de reincidencia
de la población reclusa colombiana: entre 2002 y 2010, en promedio, el 15% de
esta población era reincidente; de ésta, el 30% lo era por el delito de hurto,
que a su vez es el delito por el que más personas terminan en prisión.
El anterior panorama evidencia que la prisión colombiana no es otra cosa que
una forma brutal de castigo e incapacitación, pues es todo lo que hace, de
miembros de los sectores más pobres y marginales de nuestra sociedad.
A pesar de que lo anterior es suficiente para cuestionar la función que cumplen
las cárceles colombianas, queda un argumento popular entre los gobiernos y
buena parte de la población: la prisión y su dureza cumplen con fines de
disuasión social y retribución que deberían llevar a la reducción de la
criminalidad o, al menos, a su justo castigo. Sin embargo, ambos argumentos son
débiles. En cuanto a la disuasión, a pesar del endurecimiento de la política
criminal, que se refleja en el aumento significativo y constante de la
población carcelaria (un 292% entre 1994 y 2011), los índices de criminalidad
en Colombia son altos bajo estándares internacionales y han tendido a aumentar
notablemente (casi un 72% entre 1994 y 2008). Por lo tanto, la prisión no
cumple de forma significativa con una función disuasiva.
La pretendida justicia retributiva del castigo es cuestionable por dos razones:
primero, porque éste es desproporcionado e inequitativo, como lo demuestran el
aumento descontrolado de las personas presas, que no se corresponde con el
aumento de la delincuencia, y el hecho de que se aplique principalmente a
personas pobres y excluidas. Segundo, porque en un Estado de derecho el fin
retributivo de la pena jamás justifica que su ejercicio conlleve la violación
continua de los derechos humanos de los detenidos.
Bajo estas condiciones, el poder de castigar del Estado pierde toda
legitimidad. Y sin embargo, el gobierno actual, como sus antecesores, parece
atrapado por una lógica que pretende darnos más de lo mismo: nuevas prisiones
(está planeada la construcción de 5 dentro de los próximos 3 años) y penas más
largas. Esta es una política pública errada, costosa e injusta. Por esto las
cárceles sí son un problema de todos los colombianos, quienes debemos exigirles
más a nuestros gobernantes para que tomen decisiones razonables e incluyentes,
dignas de un régimen que se proclama democrático.
*Profesor y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes
En
Colombia también hay cárceles a punto de estallar
Lo ocurrido en Honduras obliga a mirar la situación
de los penales en el país, con un hacinamiento del 33%
Por
Colprensa Y Área Nación | Publicado el 19 de febrero de 2012
Las dramáticas imágenes de la tragedia en el penal
de Comayagua, en Honduras, en las que 357 reclusos murieron calcinados,
conmocionaron al mundo.
Comayagua, una cárcel diseñada para 250 reclusos, albergaba 852. El
hacinamiento y la superpoblación son problemas que afectan a muchas cárceles
latinoamericanas.
La de Bellavista, en Medellín, sobrepasa en 200 por ciento su población
carcelaria, pues alberga más de 4.800 internos por encima de su capacidad.
"El mayor problema de las prisiones en Latinoamérica es la superpoblación.
Las prisiones albergan un 30 por ciento más de reclusos de lo que deberían,
pero en muchos casos se llega hasta el 100 por ciento (de más), lo que propicia
las tragedias", dijo Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en respuesta a lo ocurrido en
Honduras.
En Colombia, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), divulgados en diciembre pasado, el hacinamiento alcanza el 33 por
ciento.
La población carcelaria es cercana a los 92.000 reclusos, en los 144 centros
penales del país.
Y aunque la construcción de diez nuevas cárceles en el país, en los últimos
seis años, logró reducir en 2010 el hacinamiento a un 24,2 por ciento, la
aplicación del Código Penal no permite una descongestión efectiva de las
cárceles.
En noviembre del año pasado, según cifras del Inpec, la población de reclusos
aumentó en 844 internos. Y en 2010, las estadísticas señalaban que entre enero
y diciembre, el número de internos promedio creció en 640 al mes.
Como lo ha explicado el director del Inpec, coronel Gustavo Adolfo Ricaurte ,
esa tendencia al crecimiento obedece a la aplicación de la política penal del
Estado colombiano, esto es, un Código Penal que castiga con más penas
privativas de la libertad.
Y es que por cada cuatro reclusos que ingresan a las cárceles solo uno recobra
su libertad.
El representante Iván Cepeda calificó la situación como una bomba de tiempo.
"Lo hemos dicho en repetidas oportunidades: hay cárceles que son bombas de
tiempo. Los niveles de hacinamiento, el nivel de desprotección con respecto a
las políticas penitenciaria y carcelaria, hacen que la situación sea alarmante
en materia de derechos humanos", dijo el congresista.
Manejo de la prevención
Aunque en Colombia no se recuerda una tragedia similar a la de Comayagua, sí
han ocurrido incendios al interior de las celdas de los reclusos. Uno de los
más recientes ocurrió en la cárcel de Ternera, en Cartagena, en 2008.
En esa oportunidad Jorge Eliécer Granados Urdaneta , de 23 años, fue víctima de
las llamas luego de que un compañero de celda, frustrado, al parecer, porque no
lo trasladaron, le prendió fuego a una colchoneta mientras otros presos
dormían.
"Allí siempre ha sido un inconveniente tratar de establecer algún plan de
choque para actuar en caso de una emergencia, no hay disposición por parte de
las directivas del penal para ello. Ni siquiera sabemos si hay extintores",
dijo un integrante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.
Situación similar ocurre en Bogotá, donde el contacto entre las directivas de
los penales (La Modelo y La Picota, para hombres, y El Buen Pastor, para
mujeres) y los integrantes de Bomberos es prácticamente nulo.
En Honduras, el jefe de ese cuerpo de socorro, Leonel Silva , les manifestó a
los medios locales que los guardias de la penitenciaría les impidieron el
ingreso, porque pensaron que el incidente era una excusa para una fuga.
Si a eso se suma el testimonio de los reos sobrevivientes, se hace urgente
pensar que en Colombia es necesario revisar los planes de mitigación y
evacuación en los penales nacionales, sin descuidar, obviamente, la seguridad
para evitar escapes de detenidos.
Según Fabricio Contreras , preso hondureño, que las puertas que de la sección
de las celdas dan a los patios estaban cerradas y que nadie les abría. Por su
parte, José Rivas , también interno de esa cárcel hondureña, dijo que vio a sus
compañeros pegados a las rejas tratando de salir, "pero que se quedaron
allí pegados y quemados".
"Lo de Honduras, sin duda, prende las alarmas y es un mensaje para que
desde el Inpec se revisen los planes de evacuación en las cárceles colombianas,
y, de ser necesario, se actualicen. No solo para cárceles como Bellavista, sino
para otros centros penales del país", dijo Jairo Herrán Vargas , personero
de Medellín.
En ese lugar, además, dijo que los pocos extintores que hay no son suficientes
para atender a la población carcelaria. De hecho, reveló que la próxima semana
hará una visita al reclusorio para establecer si esos elementos cumplen con la
normatividad exigida por los organismos de socorro.
Hacinamiento y superpoblación se unen a otros problemas que afectan a las
cárceles colombianas: corrupción, violencia, delito. ¿Una verdadera bomba de
tiempo?
PERIODICO
RESISTENCIA
Podemos
afirmar inequívocamente con la certeza que dan los hechos, que Colombia está
viviendo, en los actuales momentos en los que conmemora 200 años de las
batallas por su liberación e Independencia, un despertar de las luchas de los
sectores populares y de la acción conjunta de las masas a nivel nacional, que
sin duda, augura el comienzo de una nueva etapa en la lucha conjunta por la
construcción de una Nueva Colombia que abone el camino de una Definitiva y
Plena Independencia.
La población carcelaria y las situaciones padecidas por la misma, no son de
ninguna manera ajenas al devenir social y político en Colombia, sino por el
contrario se constituyen en representación y muestra palpable de la morfología
de un sistema estructuralmente excluyente y asesino, en el que impera el afán
de lucro y por lo tanto la desigualdad.
Es por esta razón que igual a otros sectores y actores sociales, se ha visto un
despertar y flujo importante en las luchas carcelarias que habían sido
sofocadas hace años a sangre y fuego, además de una política nacional de
traslados selectivos para golpear los procesos organizativos que generaban los
reclusos al interior de las prisiones, así como el intento de articulación
entre las diferentes cárceles.
Se han presentado movilizaciones, huelgas, protestas, denuncias y otras
expresiones de descontento al interior de las prisiones. Los familiares de los
detenidos empiezan también a tomar conciencia de la importancia de ejercer
presión y lograr difundir la problemática a grandes voces. Como ejemplos
recientes se encuentra la huelga de hambre realizada por internos de la cárcel
de La Tramacúa en Valledupar y las más de 5 huelgas y protestas que se han
presentado en la cárcel de Pedregal en Medellín desde que fue inaugurada en
Junio de 2010, por mencionar algunos.
La
población carcelaria ha ganado en capacidad de acción política y en unificación
de criterios para la necesaria organización. Esto, en gran medida debido a que
viene rompiéndose poco a poco el cerco aislador tendido por el Estado sobre las
Cárceles, gracias a la acción persistente de sectores democráticos y defensores
de DD.HH.
El cerco hay que derrotarlo completamente y avanzar haciendo uso de las
capacidades adquiridas, capitalizar organizativamente y dar un paso necesario:
la creación de un Movimiento a nivel nacional, constituido por la población
carcelaria y con un programa claro de lucha. Esto permitirá que la población carcelaria
pueda llegar a ser un actor político fundamental en la definición de
estrategias y propuestas en las políticas criminales y penitenciarias, y pueda
aportar así, a solucionar los graves problemas estructurales que aquejan al
sistema carcelario colombiano; y por otro lado, ejercer un control y veeduría
permanente, defender los intereses de los internos, reivindicar los derechos de
la población carcelaria y exigir el respeto de los Derechos Humanos por parte
del Estado.
Esto amerita hacer un estudio juicioso, un diagnóstico profundo de la dramática
y verdadera situación que se vive en las cárceles colombianas, agravada al
máximo como consecuencia del desarrollo y agudización del conflicto social
armado, pero sobre todo, por la utilización sistemática por parte del Estado
del aparato judicial y el sistema penitenciario como arma de guerra contra
amplios sectores de la sociedad.
Nos encontramos en este campo con serias limitaciones tales como la poca
existencia de datos oficiales, consecuencia de la estrategia de
invisibilización de la situación carcelaria; por otro lado, cuando se
encuentran, la mayoría de las veces son manipulados y maquillados por el
Estado, para dar la impresión de Democrático y respetuoso de los Derechos
Humanos.
El presente documento es un intento de generar un acercamiento a la situación
carcelaria, necesario para desentrañar la realidad actual de las prisiones con
el objetivo de ir cualificando poco a poco conocimientos y discursos, que
coadyuven al desarrollo del movimiento carcelario.
POBLACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO
Para comenzar hay que decir que en Colombia existe un total de 144 centros
penitenciarios de diversa índole; esto, para tener un panorama general en
términos de la división administrativa e institucional con la que funciona el
sistema penitenciario en Colombia. La totalidad de los centros carcelarios se
encuentran divididos en seis Regionales a nivel Nacional adscritos al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, encargado de brindar custodia y administrar
las cárceles en Colombia.
Los 144 centros penitenciarios se encuentran divididos en los Regionales de la
siguiente manera:
• Regional Central: 42
• Occidente: 25
• Regional Noroeste: 22
• Regional Norte: 16
• Regional Oriente:16
• Viejo Caldas: 23
Ahora, con respecto al número de internos tenemos que según presentación del
Viceministro del Interior y de Justicia, del día 12 de Marzo de 2010, en
Colombia existían un total de 78.030 internos a esa fecha.
En fecha más reciente el general Gustavo Adolfo Ricaurte, Director General del
INPEC en diálogo con Caracol Radio, aseguró el día 23 de Junio de 2011, en
medio de los argumentos típicos de la oligarquía que no entienden ni ellos
mismos, que aunque “hay algunas cárceles hacinadas, en Colombia aún no hay
hacinamiento”, al explicar que el número de presos en todas las cárceles del
país no sobrepasa el doble de la capacidad y aseguró que no hay suficiente
dinero para construir más cárceles.
El
oficial informó que hay un total de 116.224 internos, de los cuales 21 mil son
domiciliarios. "Colombia tiene una capacidad instalada de 78 mil cupos, es
decir que Colombia aún no tiene hacinamiento. Algunas cárceles si están
hacinadas como la de Ipiales o como la de Bellavista, que duplican su población,
pero las otras cárceles tienen una superpoblación", aseguró.
Yo
no sé si el general se ralló en matemáticas, pero lo cierto es que si a esos
116.221internos les restamos los 21.000 que son domiciliarios, y que por lo
tanto no ocupan un cupo en los centros penitenciarios, tenemos la cantidad de
95000 internos pagando condena Intra Muros. Esa cantidad frente a la capacidad
instalada de 78.000 cupos, nos arroja por lo tanto un déficit de 17000 cupos,
cantidad nada despreciable para pasarla por alto hablando de hacinamiento en
Colombia, como lo hace el actual director del INPEC, Gustavo Adolfo Ricaurte.
El
mismo general dijo, según lo reseña el periódico El Colombiano del 2 de Agosto
de 2011, que las cifras de internos en las cárceles colombianas era de 95.184
al finalizar el mes de Julio de 2011.
Por eso, así el general gaste muchas babas y tiempo, y haga cuentas esforzadas
para tratar de demostrar que en las cárceles de Colombia no hay hacinamiento,
la realidad está muy lejos de lo que plantea, y no entendemos entonces en qué
país ejerce su función pública.
La
cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a
personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo,
consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta
el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la
privación de la libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta
y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia
desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del
periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra,
teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se
ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato
judicial como instrumento de la guerra.
Por
otra parte, en Colombia la cifra de personas detenidas por motivos políticos ha
sido calculada históricamente con base en una aproximación, teniendo como base
el número total de internos a nivel nacional, pues en términos reales es
imposible tener un cálculo exacto por las condiciones de aislamiento, la
invisibilización y la tortura a la que son sometidos los Presos Políticos y
Prisioneros de Guerra. Su condición política es desdibujada y en muchas
ocasiones son mezclados con presos comunes y paramilitares como forma adicional
de castigo, lo cual dificulta aún más tener una cifra real. Datos oficiales no
existen, pues según el gobierno en Colombia no existen Prisioneros políticos y
mucho menos Prisioneros de Guerra.
Siempre,
las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y de Presos Políticos han
calculado en Colombia el número de detenidos políticos aproximadamente en el
10% de la totalidad de la población carcelaria. Aquí nos encontraríamos
también, con que 7.500 sigue siendo una cifra demasiado conservadora y que no
responde a la realidad actual; respondía a lo sumo hasta el año 2010, cuando la
cantidad de internos llegó a los 78.000. Pero tomando como base la cifra más
reciente, de finales de Julio de 2011, de cantidad de internos en las cárceles
de 95.184; podríamos decir que el número de Prisioneros Políticos y de Guerra
puede ser en 2011, aproximadamente de 9.500 Presos Políticos y Prisioneros de
Guerra en las mazmorras colombianas.
Volviendo
al tema del hacinamiento, hay que recalcar que el mismo Ministerio del Interior
y de Justicia daba, en un foro realizado en la Universidad de los Andes el 12
de Marzo de 2010 la cifra de hacinamiento de un 41.7%, con un déficit de 22.000
cupos.
En
ese mismo evento, se afirmaba que la evolución del hacinamiento fue 17,2% en
2007, a 25,5% en 2008, a 35,8% en julio de 2009, hasta llegar al 41,7% en marzo
de 2010, que ha sido hasta ahora la cifra record alcanzada en la historia de
nuestro país.
Ahora,
mirando el problema desde otro lado, es una verdad a grandes voces que el
problema del hacinamiento en Colombia es alarmante, no tanto por los internos
que hay actualmente, como por el aumento vertiginoso y exagerado en las cifras
de nuevos internos, y en la evolución que han presentado las mismas en los
últimos años. Por ejemplo, si comparamos las cifras de internos dadas por el
viceministro en 2010 y por el general en junio de 2011, encontramos un aumento
de 38195 nuevos internos en sólo un año. Eso, por encimita y la cifra no debe
asustarnos ya que el aumento de la población carcelaria ha sido, como ya se
dijo exagerada y alarmante.
Entre
1998 y 2009 la población carcelaria tuvo un incremento del 70,4%, según informe
del mismo INPEC. En apenas unos meses, entre octubre de 2008 y julio de 2009,
ésta pasó de 67.338 a 74.718. Según reseña el ya mencionado periódico El
periódico El Colombiano del 2 de Agosto de 2011, reseña en sus páginas que el
Inpec señaló, además de otros datos oficiales, que solamente durante el mes de
julio de 2011 ingresaron 4.674 personas a los centros de reclusión.
Por
esa razón, no se trata de buscar la fiebre en las sabanas, ni mucho menos de
ocultar lo inocultable, señor general, sino de dar respuestas acorde a los
problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario y carcelario en
Colombia.
Con
el aumento vertiginoso del hacinamiento algunas instituciones, entonces
desesperadas y desconcertadas, anuncian la ampliación de nuevos cupos para el
sistema penitenciario, pero la macabra realidad es que los nuevos cupos no son
pensados para la organización de los internos que ya existen, sino para que
sean cubiertos por nuevos internos, por lo cual el problema se mantiene y amplía
con el tiempo.
El
último anuncio en este sentido se hizo a mediados de 2010 por parte del
Ministerio del Interior y de Justicia, donde se anunció la ampliación a 24887
nuevos cupos con la construcción de 11 nuevos centros carcelarios.
Sin
embargo, el problema de hacinamiento en las cárceles de Colombia, continúa
siendo hasta ahora, uno de los principales problemas del sistema carcelario, y
lo seguirá siendo por una razón muy sencilla: el aumento de cupos no soluciona
para nada, el problema del hacinamiento.
Por
un lado, la creación de nuevos cupos es apenas ínfima e irrisoria frente al
desproporcional aumento de nuevas personas judicializadas. Y Por otra parte,
teniendo en cuenta que la sobrepoblación penitenciaria ha crecido de forma
vertiginosa, la generación de nuevos cupos no resolverá el problema de
hacinamiento carcelario si se mantiene la política criminal actual, pues
privilegia la detención preventiva como principal medida de aseguramiento, el
aumento de penas y la prisión como forma casi exclusiva de castigo.
En
Colombia se viene produciendo un choque entre la acción administrativa y
judicial, que busca en algunos casos, mejorar la situación carcelaria, y una
política criminal, impulsada por el Gobierno, que ha optado por elevar las
penas y usar de manera excesiva la detención preventiva, lo que ha generado
incremento de la población carcelaria y del hacinamiento.
Pero hay que ir mucho más allá si se quieren desentrañar las causas reales que
producen el hacinamiento, pues sería demasiado fácil decir entonces que el
problema concreto es el “aumento de criminales.”
Es
necesario profundizar en el origen del problema y desentrañar los factores que
lo generan. Hay que aceptar de una vez por todas que el problema es el modelo;
un sistema que ejecuta la política criminal y penal con la visión del enemigo
interno y regula el escenario político a través de la aplicación de la pena de
prisión como sanción penal exclusiva; un modelo que privilegia la perdida de la
libertad como castigo al opositor y como arma de guerra contra la sociedad
misma. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de
sectores que son criminalizados y convertidos en criminales, por las políticas
represivas y de estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos
sectores sociales.
Aquí
se nos presentan entonces la diversidad de tácticas, las variadas formas de
aplicación de esta premisa, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como
castigo inclemente a los sectores populares y al opositor, sin importar si es
político o armado. Estas son, las capturas masivas, los falsos positivos
judiciales, los montajes judiciales, el pago de sapos e informantes, la
criminalización de la protesta social, entre otras.
La
oligarquía sabe cuál es el problema pero trata de desviar la atención de lo
sustancial, para engañar con cuestiones técnicas y formales. Por eso habla de
la ampliación de cupos y la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Es por otra parte descarado, que la solución que planteen las instituciones
estatales al problema del hacinamiento sea el igualar las cifras de internos
con los cupos existentes en los penales; nada se dice de la calidad de los
espacios, del mejoramiento de las condiciones de vida, de la adecuación del
espacio a condiciones dignas para el cumplimiento de la pena.
Esto no se les pasa por la mente. Para ellos es un problema de cifras, no de
personas. Tanto es así que de acuerdo con la Contraloría General de la
República las celdas de los diez nuevos centros carcelarios que hacen parte del
plan de construcción y dotación del gobierno, miden 3,2 m x 3 m, y pretenden
albergar cuatro internos; es decir, que cada recluso tendrá un espacio
habitable de 2,4 m2.
El problema del hacinamiento en las cárceles se ha convertido en el principal
del sistema penitenciario pues se encuentra amalgamado al funcionamiento mismo
del estado y a la aplicación de su política criminal. Además porque conlleva a
otros problemas graves como la insalubridad y el aumento de enfermedades.
Cabe resaltar que en términos humanos el hacinamiento causa una situación
permanente de indignidad y en muchas providencias judiciales y administrativas
se viene aceptando el hacinamiento como un estado permanente de tortura, dadas
las condiciones inhumanas en las que tienen que convivir los reclusos, y la
violación a los derechos fundamentales que conlleva el vivir en hacinamiento.
En
1998 varias personas recluidas en las prisiones de Bellavista, en Medellín, y
La Modelo, en Bogotá, interpusieron acciones de tutela para “evitar el
per¬juicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura” (Corte
Constitucional). T-153/98). La tortura a la que se refieren los demandantes no
era otra que las condiciones de vida de los penales colombianos. En el momento
de plantear el caso, el sistema había alcanzado el clímax de su crisis. Los
grupos internos de poder gobernaban las prisiones, el hacinamiento había
llegado al 40%, el 44% del presupuesto de las prisiones se destinaba a gastos
de funcionamiento dedicando US $5 al día para cada prisionero, sólo el 34% de
los prisioneros estaban inscritos en programas de estudio o trabajo, por cada
14 personas presas existía un guardián, una persona moría cada cuatro días y al
año 364 resultaban heridas (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
[Inpec], 1999).
PERIODICO
EL ESPACIO
Publicado
en Domingo, 09 Septiembre 2012 05:50
Escrito
por Maria Esperanza Arias
Aquí
no hay cama pa' tanta gente. Con esta estrofa de una de las salsas más
conocidas del Gran Combo de Puerto Rico los presos de la cárcel de La Picota,
en Bogotá, explicaron a Efe el hacinamiento en el que viven y su exposición a
enfermedades contagiosas como la tuberculosis.
Y
es que las prisiones colombianas, aquejadas de históricos problemas
estructurales, atraviesan uno de sus peores momentos con una tasa de
superpoblación del 48,5 %.
Los
142 centros penitenciarios del país no son suficientes para albergar a 112.356
presos, un excedente de más de 36.000 cupos, según cifras que el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) facilitó a Efe.
Durante
una visita a este centro de reclusión, que acoge exparamiliares, guerrilleros,
delincuentes comunes, asesinos y violadores, los presos expresaron muchas de
sus inquietudes.
Entre
ellas figura que en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON),
el más moderno complejo de La Picota, cada cuatro presos comparten una celda,
tienen café e infusiones, pero las ventanas no tienen cristales para ver
"la luz del sol".
Estos
reclusos son los más afortunados, ya que sus compañeros de otros módulos y
demás cárceles de Colombia padecen un frío tremendo y se quejan de desatención
sanitaria.
"En
una ciudad hay infartos, enfermedades terminales, virales. Y eso pasa también
en los centros carcelarios", reconoció en una entrevista con Efe el
director del INPEC, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, al referirse al
hacinamiento y al actual replanteamiento de la administración de salud en las
cárceles como agravantes.
La
alerta la dio el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Representantes, Iván Cepeda, quien denunció en un informe que en la última
semana murió de tuberculosis un preso de La Picota, enfermedad que afecta a al
menos once reclusos entre esta prisión y la Modelo, también de Bogotá.
Y
la semana anterior, según Cepeda, murieron cuatro internos en la cárcel de
Bellavista, cercana a la ciudad de Medellín, en el noroeste de Colombia, por
"falta de atención médica", además de que hubo 180 intoxicaciones al
parecer por alimentos en mal estado.
La
situación se completó con una huelga de hambre en el penal de Puerto Triunfo,
también cercano a Medellín, donde cinco reclusos se cosieron la boca en señal
de protesta.
El
director del INPEC y la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, iniciaron
este viernes en Bellavista una gira por las cárceles colombianas, acompañados
de odontólogos, epidemiólogos, enfermeros y psicólogos, para revisar la salud
de los presos y entregarles tapabocas (mascarillas) artículos de aseo y ropa.
Para
Ricaurte, el hacinamiento es una consecuencia de la aplicación desde 2005 del
sistema penal acusatorio, que recluye a los delincuentes mientras la Justicia
investiga sus casos y les llama a juicio, lo que en ocasiones perpetúa su
estancia en los centros.
La
población se multiplicó también con leyes como la de Seguridad Ciudadana, que
sanciona más conductas y amplía las penas, lo que, según dijo Cepeda a Efe,
contribuye al hacinamiento y crea una descompensación entre la excesiva condena
de delitos menores y la impunidad de crímenes de lesa humanidad en Colombia.
Periódico semana
Así es la vida, y el infierno, en la cárcel Modelo de Bogotá
Por Jahel Mahecha y César Moreno, especial para Semana.com*
León Darío Peláez/SEMANA
CÁRCELESAunque la cárcel Modelo tiene una capacidad para 2.907 personas, cerca de 8.000 sobreviven en sus patios, entre droga, miseria, violencia y abandono. Actualmente, el 48% de los reclusos están ubicados y el 52% buscan un espacio dónde vivir.
Viernes 3 Agosto 2012
La puerta central se abre con violencia. Dos motos custodian un bus del Inpec que lleva cerca de 50 hombres. Los que van de pie están esposados a la barra superior del móvil, los que viajan sentados miran desorientados por la ventana. Parecen animales asustados que presienten un amargo fin. Todos, con ropas pobres y sucias van en camino al Centro de Servicio de Juzgados de Paloquemao, al suroriente de la ciudad, donde definirán su situación judicial.
En la Modelo, tres rejas de seguridad y un par de sellos conllevan a diario a abogados, visitantes y funcionarios al control central. Los vidrios de protección dejan al descubierto los rastros de unas cuantas balas, marcas de un tiempo no muy lejano donde grupos al margen de la ley se enfrentaban con la guardia para legitimar su poder. Resulta imposible no comparar la organización de la cárcel con la de la ciudad: al sur, salen a flote las necesidades y el desamparo. Al norte, un mejor lugar para vivir.
En el penal, el ala sur se compone de los patios 3, 3A, 4 y 5 donde conviven delincuentes comunes y violadores en las más precarias condiciones. En el ala norte, en los patios 1A, 1B, 2A, 2B, Nuevo Milenio y Alta Seguridad están ubicados los narcotraficantes, paramilitares, autodefensas e internos de cuidados especiales que sobreviven entre colchonetas, espumas y, a veces, drogas.
Los del norte no conocen a los del sur. A los del sur no les importan los del norte. Sin embargo, tanto los unos como los otros tienen un notable número de sindicados que, bajo esa categoría, son los que más sufren las penurias de la mazmorra.
A sus 23 años, Víctor fue retenido y trasladado a la cárcel Modelo por una denuncia que Alejandro, su cuñado, interpuso en su contra. El 13 de enero de 2012, cuando llegó a su casa, ubicada al sur de la ciudad, luego de trabajar 11 horas, se dio cuenta de que Alejandro golpeaba sin escrúpulos a su hermana María, a tal punto de dejarla inconsciente. Sin pensarlo dos veces, Víctor sacó un puñal. “Cuando vi que ese man le pegaba a mi hermana, de 16 años, no aguanté las ganas de darle su sustico. Por su culpa, ella estuvo 90 días en el hospital y nunca más pudo volver a respirar por sí sola. Todo el tiempo usa una manguera especial que le da vida”.
El recuerdo de ese episodio doloroso hace que Víctor se llene de rabia y de lágrimas. Sin tener con qué secarse y sonarse, pasa sus manos por la cara y después de calmarse prefiere ir a caminar.
Durante unos minutos acaricia sus muñecas y pide salir a un pequeño huerto que está al costado. Afuera, respirando la fragancia putrefacta del desagüe, en compañía del sonido de unos cuantos tambores Víctor suspira y dice: ¿Usted sabía que solo los condenados tienen derecho a hacer música, a cortar el pasto, a sembrar verduras? Personas como yo no tenemos derecho a nada. ¿Por qué? Porque yo solo llevo 3 meses y 10 días aquí. Los sindicados solo tenemos derecho a respirar y punto.
En los pabellones del patio 1A pulula gente. El suelo, las celdas, los baños y hasta los mismos barrotes sirven para amarrar colchonetas o frazadas como un recurso desesperado para conciliar el sueño, aunque sea por unas pocas horas. Al llegar al patio, Víctor señala el lugar donde duerme: una esquina mojada e inestable, no mayor a un metro. Al igual que él, diez internos más ocupan la fila de cemento.
Solo los paramilitares, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, pueden pagar alrededor de 2 millones de pesos por celda, pero Víctor no lo sabe. Nunca lo ha preguntado porque en sus bolsillos no hay más que vacío.
Sin importar que llueva y haga frío, Víctor y sus compañeros de pasillo soportan desde las seis de la tarde las inclemencias de la noche. Con el tiempo, él como los demás, se acostumbró al desaseo de unos cuantos, a sus enfermedades y a sus pesadillas. Su única forma de librarse del hacinamiento que lo ahoga es ver televisión. En medio de novelas y noticieros se le pasa el tiempo, el día y la vida.
De domingo a domingo se levanta a las cinco de la mañana, hace fila en las dos únicas duchas que hay en su patio y luego espera unas tres horas para el desayuno. Lo que sigue es tiempo perdido.
En el tiempo que ha permanecido en la cárcel solo ha logrado relacionarse con un interno al que le dicen El Costeñito, un hombre que lleva a cuestas 30 años de condena. Aunque para Víctor ha sido su ángel de la guardia, aún no ha sido capaz de preguntarle su nombre. “Ese viejito ha sido el único que me ha tendido la mano, hasta él me guarda mi ropa y mis cosas de aseo en su celda”.
El Costeñito, cojo de nacimiento, cuenta que la pobreza infinita de Víctor solo le ha permitido comprar dos tarjetas para poder llamar a su casa y saber de Daniela, su hija de seis años. Ella no sabe ni sabrá que su papá está en la cárcel.
La última carta con la que juega Víctor para ver a Daniela pronto es que hoy, en su última audiencia, el juez decida dejarlo en libertad. Sujetando un pequeño crucifijo que tiene en el pecho, confía en que Dios estará de su lado para salir de la Modelo, pues cree que los milagros existen y que el castigo más grande ha sido vivir en carne propia las miserias de una cárcel que solo le ha dado soledad, hambre y abandono.
Aunque a Víctor se le podría definir su situación judicial en menos de seis meses, también existe la posibilidad de que se una a los 783 sindicados de la Modelo que llevan más de dos años a la espera de un fallo en un sistema que aplica indiscriminadamente la medida de detención preventiva. Solo entre agosto de 2010 y enero de 2011 ingresaron al penal en calidad de sindicados 1.485 hombres.
La cárcel
La cárcel es vigilada por un capitán, 7 tenientes y 368 dragoneantes. Sin embargo, solo dos guardias custodian cada uno de los diez patios, durante turnos de ocho horas. En la Modelo se conjugan dos mundos completamente distintos.
El ala sur a diario recibe a un mínimo de 15 hombres, bajo el perfil de delincuentes comunes, homosexuales, personas de la tercera edad y enfermos. El ala norte, les da la bienvenida a cerca de 5 internos por día. No obstante, en ambos contextos, el problema más complejo que soportan los reclusos es el hacinamiento.
El insomnio se suma a otros problemas como la alimentación, que dentro de la Modelo se presenta como un suplicio adicional. Aunque se entregan las tres porciones diarias, la comida desde el punto de vista nutricional no cumple con los requerimientos mínimos. La Procuraduría General de la Nación destacó en un informe que los suministros alimenticios de la cárcel son insuficientes y aumenta los riesgos para la salud de los reclusos. En una jornada diaria en el almuerzo predominan los granos y el arroz como los alimentos principales que no brindan el factor nutricional adecuado.
En el establecimiento, los malos olores y el pésimo estado de las cañerías, hacen que la situación en materia sanitaria sea crítica. El servicio de agua es irregular, gracias a los constantes cortes durante el día. Esta situación desencadena varios desencuentros entre los internos, ya que no todos están dispuestos a madrugar para ducharse. Por esto, en el ala sur, donde conviven las clases sociales más bajas, el mal olor se incrementa debido a que muchos reclusos, que están cerca de la indigencia, no les importa pasar días o semanas sin tomar un baño, convirtiéndose en una molestia adicional para sus compañeros de piso.
Estas fallas en el establecimiento hacen que la cárcel sea una experiencia difícil de sobrellevar. El número oficial de tutelas interpuestas a la Modelo entre 2005 y 2007 fue de 173 debido a la falta de apoyo logístico y presupuestal para atender los requerimientos y necesidades de los internos.
Incluso la administración del penal reconoce que las áreas que reciben más reclamos son Sanidad, Jurídica y Registro y Control por su incidencia en el bienestar personal de los internos y su libertad. Las precarias condiciones en los servicios de salud y la falta de instalaciones hacen que los internos enfrenten una especie de doble condena: la privación de la libertad y las pésimas condiciones de la cárcel.
Sin duda, los sindicados son quienes más sufren, sin demostrarse su inocencia o culpabilidad, son duramente castigados por el entorno, viéndose sometidos a las penurias que ofrece la prisión, que no cuenta con las suficientes garantías para los imputados. Esto a pesar de que la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la legislación colombiana reiteran la necesidad de que los sindicados sean objeto de un régimen alterno al de los reclusos condenados.
El hacinamiento ha recrudecido problemas como la violencia y los abusos sicológicos y físicos dentro de la cárcel, que junto a la larga duración de los procesos, la poca celeridad del sistema judicial y la imposibilidad de acceder a una buena defensa legal, se convierten en factores que juegan en contra de la dignidad de los internos.
*Fragmento del reportaje ‘El ahogo de una prisión’, trabajo elaborado sobre el hacinamiento en la Cárcel Modelo en junio pasado.
¿Cómo
aliviar la crisis de hacinamiento en las cárceles colombianas?
El
exfiscal Alfonso Gómez Méndez apoya la liberación de algunos presos. El
presidente del Senado, Roy Barreras, dice que se aumentaría la inseguridad.
Cara a cara
Por:
Redacción de El País Martes, Agosto 7, 2012
Ampliar
El presidente del Senado, Roy Barreras.
Archivo: El País
Los centros de reclusión del país registran un hacinamiento superior al 200%. La situación
es tan crítica que algunos presos deben dormir hasta en los baños y pasillos de
las cárceles.
Según la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los
últimos doce años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo
lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009.
Aunque hace unos días se ordenaron algunos traslados de presos de los
centros penitenciarios más impactados por el sobrecupo a los menos hacinados,
la congestión sigue siendo alarmante.
Por esa razón, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, propuso
otras alternativas, entre ellas revisar las peticiones de los presos que ya
cumplieron las dos terceras partes de sus penas, para otorgarles el beneficio
de detención domiciliaria o la libertad. Esto con el fin de aliviar un poco el
hacinamiento.
Sin embargo, la propuesta generó una fuerte polémica en el país, pues
hay quienes aseguran que los delincuentes saldrán a las calles y volverán a
delinquir.
De acuerdo con algunos dirigentes políticos, la iniciativa podría
traducirse en impunidad y en mayor inseguridad para las ciudades.
No obstante, algunos expertos en justicia creen que la medida va por
buen camino e incluso proponen una reforma carcelaria en el país, que sólo
penalice con prisión a aquellos autores de delitos mayores.
Y es que, según estudios del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec), el 70% de los reclusos en el país está por delitos menores.
“Las cárceles deben ser sólo para autores de
delitos graves”, Gómez Méndez
¿Por qué defiende la propuesta
del Ministerio de Justicia de liberar a los presos que han cumplido las dos
terceras partes de sus penas como una solución al hacinamiento que presentan
las cárceles del país?
Me parece que esa propuesta va en la dirección correcta e incluso yo la
planteé hace dos semanas en una columna. El problema de hacinamiento tiene que
ver con la ausencia de una política criminal y con la presión de la sociedad
para que todo se resuelva por la vía de las cárceles. Cada vez que ocurre un
hecho puntual los medios de comunicación presionan al Congreso para que saque a
la carrera leyes aumentando penas. Para mí las cárceles deberían ser sólo para
los autores de delitos realmente graves.
Hay quienes afirman que la
liberación de presos, así sea por delitos menores, causaría un problema mayor,
pues estas personas salen a las calles y vuelven a delinquir...
No, porque la idea es que en la cárcel sigan las personas acusadas de
homicidio, extorsión, secuestro y asesinato. Lo que yo digo es que muchos
pueden afrontar un proceso penal e incluso llegar a una condena sin que eso
implique que tengan que ir necesariamente a prisión.
¿Cuáles serían esas otras
alternativas de castigo?
Ya están previstas en la legislación, sólo es cuestión de que las
apliquen, por ejemplo, no toda audiencia de imputación tiene que terminar en
una cárcel. Lo que pasa es que, debido a la presión mediática, los fiscales y
jueces no se atreven a no decretar prisión.
Pero el no penalizar con
cárcel algunos delitos podría afectar la credibilidad de la justicia en el
país...
No, eso no ha sucedido en otros países del mundo, donde a las cárceles
sólo llegan delincuentes por delitos mayores, y hay otro tipo de sanciones.
Actualmente en las cárceles del país no hay resocialización, pues estas
personas terminan expertas en otros delitos, como extorsiones, y salen peor.
Más allá de liberar a algunos
presos, ¿no cree se debería buscar una solución de fondo para frenar el
hacinamiento?
Sí claro, es que esta es una solución de coyuntura, pero hay que revisar
la legislación penal y buscar una solución mayor que vaya acompañada de una
política criminal estable.
“Liberación de algunos presos es un mensaje de
impunidad”, Roy Barreras
¿Cuáles serían las
consecuencias de liberar u otorgar detención domiciliaria a algunos presos en
el país, para frenar el sobrecupo que hay en los centros carcelarios?
El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Hoy en día la mayor
preocupación de los colombianos es la inseguridad en las calles y el hecho de
que el Estado sea incapaz de brindarles condiciones dignas a los delincuentes
condenados no puede significar que la solución sea sacarlos a las calles, creo
que sería un mensaje de impunidad y frustración para los ciudadanos que
denuncian y para los policías que se juegan la vida en las capturas.
Pero no se busca una
liberación masiva, sino revisar los casos de los presos que ya han cumplido
parte de sus penas o estén condenados por delitos menores...
Estamos hablando de autores de atracos, asaltos, robo a celulares,
‘fleteo’ y hurto de celulares, en los cuales los jueces del país los declararon
culpables. Probablemente para algunas personas el maltrato o un abuso de un
hombre a su esposa resulta de lo más normal, pero esos son los delitos que
afectan gravemente la tranquilidad de los ciudadanos. Está claro que quienes ya
terminaron su pena, pueden salir, pero el resto no.
Entonces, ¿qué hacer si los
centros penitenciarios del país presentan un hacinamiento superior al 200%?
Por eso digo que el remedio no puede ser mayor que la enfermedad, el
Estado tiene que adecuar los centros penitenciarios porque los ciudadanos
decentes no tienen por qué pagar las consecuencias de su incapacidad para
contener a los delincuentes. Primero las víctimas y luego los victimarios.
Sin embargo, el que estén
presos no es una garantía, pues no hay una resocialización y muchos salen a las
calles peor de lo que entraron...
Sin duda, es que estamos hablando de dos situaciones diferentes. El
hacinamiento frena la resocialización, eso es inhumano y ahí hay un primer
problema, pero el otro es la inseguridad en las ciudades. No se puede resolver
el primero empeorando el segundo.
En otros países hay sanciones
diferentes a la cárcel, ¿por qué no aplicarlas en Colombia?
Para mí una medida que signifique aumentar la inseguridad se debe
revisar, yo más bien ofrezco mi apoyo para se construyan más cárceles.
Periódico
el tiempo
La
Modelo tiene actualmente 7.965 reclusos, pero su capacidad solo da para atender
a 2.950.
Foto:
La Modelo tiene 7.965 internos, pese a que está hecha para 2.950. Reclusos
duermen en pasillos.
Ni
las escenas más dantescas logran superar la realidad de los patios de la cárcel
La Modelo de Bogotá. Entre excrementos que, literalmente, brotan de las
cañerías y nauseabundos olores que se confunden con el de la comida, los 7.965
hombres que están allí detenidos claman por el respeto de sus
derechos humanos.
EL
TIEMPO evidenció la situación que afrontan sindicados y condenados y la
impotencia de la guardia ante un problema que no pueden resolver. Esta cárcel,
una de las más peligrosas y conflictivas, pero también una de las que menos
atención recibe, tiene una capacidad real y máxima de 2.950 reclusos. Hoy,
la cifra es más del doble y hay pendientes mil personas más, que esperan cupo
en las estaciones de Policía.
Lo
más paradójico es que solo hay 60 guardianes por turno, para cuidar a 8
mil hombres. Y los días de visita femenina (el domingo), 13 mujeres
dragoneantes requisan a 6 mil visitantes, que es el promedio de ingreso.
Hay
domingos en los que La Modelo alberga a 15 mil personas en un espacio para 3 mil. Por
eso, la visita conyugal se debe hacer debajo de una cobija, a modo de carpa
sostenida por otros dos internos, en pleno patio y la visita debe permanecer
todo el día sentada o de pie en un solo sitio, porque no hay por dónde caminar.
El
hacinamiento es de tal magnitud que los internos están durmiendo en los
pasillos, en colchonetas que botan en el suelo y en colchones amarrados con
lazos al techo.
"Después
de que uno se acuesta no hay cómo salir de aquí porque tenemos que pegarnos los
unos a los otros para que quepa la mayor cantidad de gente. Entonces, si
uno quiere ir al baño, porque la gente aquí se enferma mucho del estómago, toca tener
una bolsa a la mano, hacer la necesidad ahí, en el mismo colchón en el que
duerme, dejarla a los pies y botarla al otro día", relata Jhon Jairo, uno
de los internos del patio 4.
Lo
peor de todo es que en patios como este hay tan solo cuatro sanitarios
para 500 internos y las cañerías no funcionan.
Falla
atención en salud
Y
para aumentar la crisis que se vive, una doctora, la única que aceptó quedarse
pese a las circunstancias, es la que atiende las emergencias clínicas de los 8
mil hombres del penal. Solo los casos extremos son remitidos, ya que el
convenio con la EPS Caprecom ha sido incumplido constantemente. A partir de
mañana, el Inpec asumirá la atención médica a través de la red de hospitales
públicos.
A
esta médica la acompañan dos sicólogas y tres trabajadoras sociales en el día,
y una enfermera en la noche. Las medicinas son precarias y en los botiquines ni
siquiera hay analgésicos para atender los dolores comunes.
La
parte de resocialización no es mejor. Al menos un 70 por ciento de la
población reclusa no puede acceder a alguna actividad que le permita redimir
pena o por lo menos hacer una actividad productiva.
El
patio 5, donde están los delincuentes comunes, en su mayoría responsables de
hurto y homicidio, y que además son reincidentes, parece un cartucho. Los
alimentos los reciben en botellas plásticas y los cubiertos son las propias
manos. Muy pocos logran conservar el plato y la cuchara que les entregan al
ingresar a la prisión.
"Si
alguien quiere conocer el infierno, aquí está. Ya no hay armas de fuego como en
otros años. Tampoco, enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, pero
no hacen falta para afrontar la misma zozobra y miedo. Miedo a que una noche se
desencadene un incendio y todos quedemos calcinados porque aquí no hay cómo
reaccionar", dice Freddy, otro recluso.
Y
es cierto. Las columnas de la cárcel se estremecen con tan solo sacudirlas un
poco. Los cimientos están construidos sobre una especie de panel formado
por decenas de túneles que los presos cavaron entre 1997 y el 2002, intentando
huir.
Las
reformas locativas que el Inpec le hizo a la cárcel en los años siguientes
incluyeron la construcción de nuevas celdas, pintura y algunos talleres, pero
fue insuficiente. Los ladrillos que sostienen la reclusión han sido desgastados
por los viciosos que, ante la falta de drogas, aspiran el polvo de la
construcción. Solo una pequeña parte del penal tiene muros en concreto.
Tampoco
hay recursos para hacer algo más y la promesa del Ministerio de Justicia de
reubicar a los condenados se cumplió parcialmente. En La Modelo aún hay miles
de hombres que ya recibieron pena y siguen en una cárcel para sindicados.
Otras
cárceles del país también presentan condiciones precarias
Pero
este no es un caso exclusivo de la cárcel La Modelo. La situación en el resto
de reclusiones y penales del país es similar.
Actualmente, hay
una población de 130 mil internos en pena intramural, 30 mil más que el año
pasado; y 30 mil extramural.
Para
los sindicatos de guardianes del Inpec, el incremento empezó a darse en octubre
del año pasado, cuando entró a regir el nuevo estatuto de seguridad ciudadana.
Fuentes
carcelarias aseguran que el saliente ministro de Justicia, Juan Carlos
Esguerra, iba a decretar la emergencia carcelaria, pero no se lo permitieron.
"Esto
no es culpa del Inpec, simplemente el Estado nunca ha tenido en cuenta un plan
de modernización del sistema carcelario colombiano", señala uno de
los líderes de la guardia.
A
esto se suma el pésimo planeamiento de la construcción de las nuevas cárceles.
Algunas no han sido entregadas aún y en el caso de la penitenciaría de
Valledupar, el sistema de acueducto es deficiente y solo permite que los
reclusos tengan una hora de agua al día, en un lugar que alcanza temperaturas
de hasta 40 grados.
En
las cárceles de Villahermosa (Cali) y Bellavista (Medellín) también hay un
hacinamiento del 100 por ciento.
Por
ahora no hay soluciones rápidas a la vista y tanto presos como guardianes
aseguran estar listos para entrar en una protesta indefinida. Ese será uno de
los grandes retos de la nueva ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.
JINETH
BEDOYA LIMA
Subeditora
Judicial EL TIEMPO
Cárceles:
¿castigar o reeducar?
Por
Cristian Mendoza, Semana.com
POLÉMICA
propósito de las recientes protestas en las cárceles de Bogotá, que evidencian
las difíciles condiciones en que viven miles de internos en Colombia,
Semana.com le presenta el panorama de dos modelos carcelarios muy diferentes.
Miércoles
8 Agosto 2012
Según
cifras de la personería de Bogotá, las cárceles de la ciudad, Modelo, Picota y
Buen Pastor, tienen capacidad para 10.255 internos y registran 18.759. El
hacinamiento trae consigo desabastecimiento de todo orden, desde los alimentos
hasta los medicamentos resultan insuficientes para atender semejante excedente
de población.
De hecho, la personería les hizo un llamado urgente a las autoridades
competentes para que le den solución a la “grave situación que se viene
presentando en cárceles y penitenciarías de la ciudad, como consecuencia del
sobrecupo que se registra allí”.
Los altos índices de hacinamiento, que según la Personería rondan el 200 por
ciento , acompañan los problemas de drogadicción y violencia que se
agudizan al interior de las penitenciarías. Adicionalmente el sistema
carcelario debe enfrentar otro problema que agudiza y alimenta el
crecimiento desmedido de la población carcelaria, la reincidencia.
A su salida de las cárceles y con sus conocimientos criminales afinados, muchos
antiguos internos vuelven a delinquir, en un círculo vicioso de violencia y
crimen que cada vez se expande más.
En este contexto vale la pena echar un vistazo a dos sistemas carcelarios
que se debaten entre la estricta disciplina o el uso de pedagógicos
métodos para resocializar a los individuos.
En el primer grupo se encuentran sistemas como el estadounidense, en el que la
disciplina en los penales es estricta y la vigilancia de los reos constante por
medio de guardias y sistemas de monitoreo.
En
la orilla contraria se ubican sistemas como el noruego, en donde los guardias
andan desarmados, los reclusos cultivan su propia comida, venden muebles
fabricados por ellos mismos y hasta van a la universidad.
Semana.com
le presenta el panorama de dos modelos carcelarios diferentes.
Resocializar
En esta prisión no existen el alambre de púas ni las garitas de vigilancia.
Puede jugar tenis, tocar algún instrumento en el salón de música, pasear por la
playa, trotar por los caminos de la isla o visitar los corrales y establos donde
vacas, ovejas y gallinas son las únicas rodeadas de cercas y corrales de
alambre.
A
primera vista podría pensarse que se trata de un centro vacacional, sin embargo
los 115 hombres que habitan permanentemente la Isla de Bastoy, a 70 kilómetros
al sur de Oslo en Noruega, son en realidad los criminales más peligrosos de la
avanzada sociedad nórdica.
De hecho, los guardias andan desarmados y los días de visita los reclusos
conducen un ferry que recoge a los familiares que vienen a acompañarlos. Es
decir, conducen el vehículo en el que perfectamente podrían fugarse.
El
sistema penitenciario noruego se basa en el principio fundamental del respeto
por la dignidad humana. En esa medida procura darles a los internos las
condiciones mínimas que les permitan purgar su ofensa a la sociedad, por grave
que sea esta, y reincorporarse después de su reclusión como un miembro útil a
la misma.
Según
un guardia de Bastoy “todo prisionero será liberado algún día y se convertirá
en el vecino de alguien” así que el programa de resocialización debe darle las
herramientas que le permitan desmarcarse de su pasado criminal y reincorporarse
plenamente a la comunidad.
Los convictos de Bastoy han pasado por un largo proceso psicosocial, primero
pasan por otras cárceles, mucho menos cómodas que esta, y luego de una serie de
evaluaciones y filtros son recibidos en la isla, que además funciona con
energía solar y es prácticamente autosustentable, en donde reciben educación e
incentivos para desarrollar un oficio una vez cumplan su pena.
Castigar
En 1962 tres reclusos dejaron unas cabezas falsas en sus camas y arreglaron las
cobijas para que pareciera que seguían durmiendo cuando los guardias pasaran a
contarlos. Entre tanto escaparon por un túnel que habían cavado con cucharas, se
lanzaron al océano y, al parecer, nadaron hasta la costa y desaparecieron para
siempre. Habían escapado de Alcatraz la famosa isla prisión en la Bahía de San
Francisco, Estados Unidos.
Las condiciones de los internos en la Roca, como era conocida, llevaron a que
muchos intentaran escapar lanzándose a las frías aguas del pacífico, que
terminaban destrozándolos contra las rocas que rodeaban la isla. Alcatraz cerró
en 1963, pero el sistema carcelario estadounidense no ha cambiado mucho desde
entonces.
Por todo el país se cuentan las prisiones atestadas de reos que cumplen
condenas que llegan a la cadena perpetua o que esperan su turno para la pena de
muerte. Según cifras de Human Rights Watch en 2011 había cerca de 2.3 millones
de presos en las cárceles estadounidenses. A diferencia de Noruega su paso por
estas instituciones busca castigar sus acciones, no remediar sus
comportamientos delictivos.
Y
es que Estados Unidos es el país con la tasa carcelaria más alta del mundo con
752 presos por cada 100.000 habitantes. La situación es tan crítica que la
Suprema Corte le ordenó al estado de California reducir la superpoblación
carcelaria que vive en el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y
altísimos índices de violencia, que van desde la agresiones físicas hasta los
abusos sexuales.
De
acuerdo con cifras de la Oficina del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, la mitad de las personas que salen de prisión regresan en un lapso de
tres años, ya sea por un nuevo delito o por violar los términos de su
liberación. Y cerca de dos tercios de todos los liberados tendrán problemas con
la ley nuevamente en algún momento de su vida.
Una bomba de tiempo
En
Colombia, durante las últimas semanas, el país ha conocido por medio de
imágenes la realidad que se vive al interior de nuestros centros
penitenciarios. En menos de un metro duermen cerca de diez personas. El suelo,
las celdas, los baños y hasta los mismos barrotes sirven para amarrar
colchonetas o frazadas como un recurso desesperado para conciliar el sueño,
aunque sea por unas pocas horas. Acceder a una celda cuesta cerca de dos
millones de pesos.
De
domingo a domingo los reclusos se levantan a las cinco de la mañana, hacen fila
en las dos únicas duchas que hay en su patio y luego espera unas tres horas para
el desayuno, hacia las 12 del dia reciben el almuerzo y a las tres de la tarde
la comida. El resto del tiempo el ocio es el rey, el padre de muchos de los
males que soportan los internos del patio 1A de la cárcel la Modelo.
El
infierno que día a día viven los habitantes de las cárceles en Colombia no sólo
atenta contra los derechos más básicos de los encarcelados sino que plantea un
problema aun más preocupante: la reincidencia. Según el general Gustavo Adolfo
Ricaurte cuatro de cada diez hombres reinciden, principalmente porque no
consiguen empleo.
Ante las recientes protestas en la Modelo y el Buen Pastor la ministra de
Justicia, Ruth Stella Correa, anunció varias medidas para aliviar las difíciles
condiciones de las visitas, entre las que se encuentran la implementación de un
call center para agendar visitas a los internos y la aplicación de un ‘pico y
placa’ con el fin de descongestionar los patios durante los fines de semana.
Sin
embargo, los brotes de inconformidad de las últimas semanas, reclaman
soluciones estructurales que sirvan para desactivar esta bomba de tiempo y
evitar un desenlace similar al de los motines vividos en los últimos meses en
las cárceles de Venezuela, Brasil y algunos países centro americanos.
Televisión
Video de
caracol televisión
citytv
RADIO
W RADIO
Hacinamiento
en cárceles colombianas se duplicó en dos años, según informe de la Contraloría
Agencia
EFE | Diciembre 16 de 2009
El
hacinamiento en las cárceles del país se duplicó en los últimos dos años y
medio, al pasar del 15% en enero de 2007 al 37% en agosto pasado, denunció el
Contralor General, Julio César Turbay.
La
situación de las prisiones en Colombia "ha sido y sigue siendo muy
preocupante", advirtió Turbay, quien sostuvo en un foro organizado sobre
el tema en Bogotá que el Estado "continúa incumpliendo con su obligación
de proteger la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de los
reclusos".
Las 140 instalaciones que dependen en todo el país del estatal Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) agrupan a 76.000 internos, pero su
capacidad global es para apenas 55.000, según fuentes de la Contraloría
consultadas por Efe.
En las grandes cárceles de Bogotá, Medellín y Cali el hacinamiento es mucho más
extremo, debido a que donde debería vivir un interno lo hacen dos y muchos se
ven obligados a dormir en el suelo, explicaron las mismas fuentes.
El
informe de la Contraloría presentado por Turbay destaca que en septiembre de
este año todavía no había sido entregado ninguno de los 11 nuevos recintos
carcelarios con capacidad para más de 22.000 internos proyectados durante la última
década.
Por ello,
persiste el desfase entre la población reclusa, que creció un 25% desde enero
de 2007, y la capacidad carcelaria, que solo aumentó un 5%, detalla el estudio.
El documento cita otros graves problemas del sistema penitenciario, como el
hecho de que el 33% de los reclusos están sindicados, pero no condenados, y
deben esperar en prisión a que se defina su situación jurídica.
REVISTAS
REVISTAS RAZONPUBLICA
Las
cárceles colombianas: ¿desenfreno o descuido estatal?
|
ECONOMIA Y SOCIEDAD
Lunes, 29 de Agosto de 2011 00:09
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michaelreed hurtado
pablo felipe robledo
viceministro de justicia
Hablar de una crisis y destituir funcionarios del INPEC son apenas aspavientos del gobierno. Las salidas que anuncia -construir más cárceles, privatizar su manejo, hacer mega-prisiones o reformar el Código Penitenciario- son salidas en falso. El problema va al fondo de la política penitenciaria, y es allí donde debe debatirse y resolverse: la cárcel solo puede ser el último recurso.
Aspavientos y no acciones
“La situación de las cárceles no es grave, es gravísima. Vivimos una situación macondiana”, dijo el 24 de agosto pasado Pablo Felipe Robledo, viceministro de Justicia, en un debate de control político sobre la situación de las prisiones colombianas promovido por el representante a la Cámara Iván Cepeda.
La declaración del viceministro contrasta con lo que dijera la administración de Uribe en el sentido de que todo estaba bajo control y que las cárceles del país eran modelo para el mundo.
La administración Santos parece asumir la situación de manera distinta: declara la gravedad, proclama crisis y hace escándalo [1]. Sin embargo las soluciones que propone la administración actual no tienen mucho de nuevo:
más seguridad para las cárceles existentes,
más y mejores cárceles,
acabar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
adoptar un nuevo código carcelario y penitenciario.
Además, propone todo lo anterior a través de formas excepcionales de gobierno –como la propuesta de apelar a la emergencia social, que hizo el recién designado ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
La situación de las prisiones es ciertamente dramática y requiere la adopción de medidas fuertes, pero no es crítica, sino crónica, y las propuestas planteadas no están orientadas a resolver los problemas estructurales.
Estamos ante una coyuntura que podría abrir espacios para aplicar una nueva lógica en la búsqueda de soluciones a problemas viejos. El gobierno debería dejar de gritar ¡crisis! y empezar a abordar de manera racional y a largo plazo los problemas de política criminal y carcelaria que tienen en jaque al sistema.
Un asunto estructural
Bien lo expresó en 2004 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en un foro internacional sobre reforma carcelaria: “Difícilmente se puede asignar el apelativo de crisis a la situación actual, siendo que responde a una situación continua –se podría decir, incrustada– desde hace varios años. Una situación que es persistente e invariable deja, por naturaleza, de ser crisis y se torna en algo como un desequilibrio permanente, que pone en entredicho el cumplimiento de los deberes del Estado”.
La situación de las prisiones en Colombia es reprochable y lo ha sido durante décadas. Saltó a la luz pública en 1998, cuando a partir de una serie de acciones de tutela, la Corte Constitucional declaró el “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones, en general, y en relación con el derecho a la salud, en particular [2].
En ese momento, manifestó la Corte: “Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc…”. La Corte consideró que estas condiciones eran “motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados” [3].
En relación con la salud, la Corte manifestó que el mal servicio vulneraba los derechos de los presos y ordenó “constituir o convenir un sistema de seguridad social en salud, bajo la modalidad subsidiada, que deberá estar operando plenamente en un término que no podrá exceder del 31 de marzo de 1999 y que cobije la totalidad de los centros de reclusión del país, para detenidos y condenados” [4].
La orden de la Corte no se cumplió y la situación del derecho a la salud es, justamente, una de las dimensiones más alarmantes en la actualidad –signada, además, por las fallas aceptadas en la ejecución del contrato de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM).
Si bien los problemas y algunas de las medidas necesarias para resolverlos eran evidentes desde hace más de una década, las autoridades no prestaron mayor atención y lo que pasaba detrás de los muros se quedó detrás de los muros. De hecho, se perdió una oportunidad para hacer frente a la situación que hoy motiva un escándalo oficial. Esperemos que la administración Santos la encare de manera distinta.
Sin política coherente
La situación de las cárceles y la sobrepoblación están inevitablemente ligadas a la inflación punitiva y al olvido por parte del gobierno y de los legisladores de que la respuesta penal debería estar mediada por el principio de ultima ratio. Es decir, la respuesta penal debe ser excepcional ante la conflictividad social. Sin embargo, en Colombia, no hay problema social que se respete que no merezca la sugerencia de crear una nueva conducta penal o de endurecer las penas.
Los reclamos de protección y de seguridad de la ciudadanía casi siempre se materializan en la promesa de más cárcel para los perpetradores, sin explorar rumbos distintos que pueden ser más eficaces.
Acertadamente, en 2006, la Procuraduría General de la Nación expuso, como política institucional: “Sólo en la medida en que el subsistema penitenciario esté articulado con el sistema penal –y con la administración de justicia en general– y exista reflexividad intra e inter sistémica, podrá este subsistema, funcionar coherente y consistentemente con las finalidades del Estado social de derecho. De lo contrario se advierte un riesgo de incrustación de una situación crítica que se convierte en el statu quo, adjetivado por múltiples amenazas a la vigencia de los derechos de las personas sometidas a encierro penal”.
En ausencia de una política criminal, se instalará la lógica de la emergencia continua, respaldada por un estado de necesidad, que no permite abordar de manera técnica los problemas estructurales del subsistema carcelario.
¿Qué mide el hacinamiento?
El hacinamiento es, por excelencia, el indicador que permite detectar que algo anda mal en las prisiones. No es el mejor indicador, pero es el más conveniente.
El índice de hacinamiento resulta de comparar los cupos de detención habilitados con el número de personas detenidas. La utilidad del indicador depende básicamente de cómo se determinan los cupos disponibles: sólo si el dato corresponde al número de cupos efectivamente habilitados, el indicador tendrá sentido. Por ejemplo, sistemas penitenciarios que se encuentran presionados por sobrepoblación tienden a hacer ejercicios fantásticos para inventar cupos informales, sin considerar necesidades humanas o necesidades del mismo sistema (tales como espacios para recreación, educación y trabajo).
El indicador de hacinamiento se puede predicar de establecimientos específicos o de un sistema en su conjunto. Para que sea válido, debe además referirse a la población o sub población de interés; por ejemplo, si no se ponderan los cupos habilitados para mujeres, nada dirá el indicador global sobre la situación de mujeres privadas de libertad.
Debajo de los promedios
De igual forma, si no se ponderan el tamaño de los distintos establecimientos y la población recluida en ellos, lo que resulta es un indicador global que esconde problemas drásticos. Ilustro el punto con un ejemplo.
Acepten hipotéticamente que hay un sistema carcelario compuesto por dos penales. En una cárcel, con 3.000 cupos habilitados, hay 6.000 personas detenidas. Este penal tiene un hacinamiento del 100 por ciento o una tasa de sobrepoblación de 200 por 100. La otra cárcel tiene 100 cupos y una población reclusa de 25 personas, es decir tiene una tasa de población de 25 por 100 o una tasa negativa de hacinamiento (-75 por ciento). Al hacer un promedio sin ponderación, resulta que este sistema hipotético tiene un hacinamiento del 12,5 por ciento, considerado aceptable por algunos.
El indicador no dice nada sobre el penal vetusto que somete a 6.000 personas a tratos crueles inhumanos y degradantes todos los días. El ejemplo es sencillo y debe escandalizar. Esto es lo que pasa todos los días con la cifra que nos presenta el INPEC.
El hacinamiento actual del sistema, reportado oficialmente, es de 32 por ciento. Esa cifra que, nuevamente, para algunos no es tan grave, esconde realidades crueles y degradantes. Por ejemplo, algunas prisiones como la Modelo en Bogotá, Bellavista en Medellín o Villahermosa en Cali tienen índices de sobrepoblación que duplican o hasta triplican su capacidad real. En ellas se encierra a poblaciones tan grandes como un pueblo entero y no hay quién las controle.
Manipulando las cifras
La situación es aún más grave cuando las cifras son objeto de más manipulación oficial. Por ejemplo, cuando hacía entrega de las cárceles el saliente ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, dijo en julio de 2011 que el hacinamiento era casi inexistente.
La administración Uribe no tuvo problema en falsear datos y calcular tasas de sobrepoblación sobre cupos imaginados o proyectados. Para cubrirse y explicar el “poquito hacinamiento” que dejaba su gestión, Valencia Cossio manifestó: “el hacinamiento en las cárceles del país […] es una muestra del éxito en el combate al crimen y un reflejo de la administración de una pronta y cumplida justicia.”
El gobierno Santos reconoció esta escandalosa manipulación de los datos, pero tampoco pasa nada. Además, el hecho de que el Ministerio del Interior y de Justicia lo reconozca no parece irradiar a toda la administración.
El actual director del INPEC, Mayor General Gustavo Ricaurte, declaró el pasado 17 de junio que en las cárceles colombianas no había hacinamiento. Dijo: “en términos académicos nosotros podemos decir que en Colombia no existe hacinamiento realmente. Lo que tenemos en Colombia es una superpoblación. Se podría hablar de hacinamiento en caso que las cárceles llegaran a doblar su capacidad instalada”.
No es claro a qué términos académicos se refiere el general ni quién lo está asesorando, pero aquí, en Estados Unidos y en China el hacinamiento es lo que es y genera inseguridad, no permite la aplicación de la ley, y provoca condiciones inhumanas y degradantes.
La sobrepoblación se determina a partir de una tasa de 100 por 100 o sea de una persona reclusa por cada cupo efectivamente habilitado. A partir de este punto, comienza el hacinamiento. No sigamos confundiendo.
¿Construir más cárceles?
Ante la sobrepoblación carcelaria, los gobiernos parecen tener una reacción invariable: más y mejores cárceles. Esta respuesta en cabeza del gobierno Santos tiene, además de típica, una dosis de irreflexión que preocupa. Desde el gobierno de Pastrana la única respuesta a la crisis ha sido la construcción de más cupos carcelarios.
El problema radica en que por más cárceles que se construyan no es posible responder a las entradas de personas al sistema carcelario. El viceministro Robledo reconoció el miércoles pasado que la población del sistema carcelario crece cada mes en aproximadamente 1.000 personas. Si seguimos así, a finales de la administración Santos estaremos llegando a unos 150.000 presos. No es claro que esto sea lo que se quiere.
Nuevamente, en la anterior crisis declarada, 2004, la OACNUDH advirtió: “La situación no puede ser abordada de manera aislada y la respuesta a la alarma incesante no debería limitarse a la construcción de nuevos cupos carcelarios. La situación debería ser abordada de manera integral, buscando que todos los aspectos que inciden en la generación y sostenimiento de la situación crítica sean atendidos por una política criminal coherente e informada por los principios del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos”.
Como agudamente destacó LoicWacquant, un estudioso de la prisión: “el advenimiento del Estado penal no es una fatalidad. Existen caminos posibles para escapar del delirio maxi encarcelador que cree que todos los males de una sociedad se pueden contener en la prisión.”
¿Privatizar las cárceles?
La novedad en la respuesta de Santos consistiría en delegar a operadores privados la construcción, el mantenimiento y la administración de centros de reclusión. No lo hace por convencimiento –supuestamente– sino por necesidad. La solución se busca con la asesoría de algunos chilenos “por lo exitoso de ese modelo” y en convenio con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El modelo chileno no es exitoso y su aplicación a Colombia no es clara, dada la diferencia en el tipo de población que se alberga en las prisiones de ese país. Por otro lado, la CAF no tiene experiencia con prisiones y los esquemas de privatización de la prisión experimentan una dura crisis en Estados Unidos, el país que más jugó con ese modelo.
Todo parece estar alineándose para llevarnos a otro desastre, esta vez promovido por un supuesto estado de necesidad y el interés privado que busca ganancia en el encierro.
La construcción de centros carcelarios por empresas privadas no es algo nuevo. De hecho así se viene haciendo en Colombia desde hace años. Casi todos los penales construidos por privados están sumidos en escándalos por el uso de materiales inadecuados e incumplimiento de contratos. El caso más escandaloso es la preciada y venerada Penitenciaría Nacional de Valledupar, puesta en marcha en 2002; hoy venida a menos y con órdenes de cierre que no se cumplen.
Esta situación se extiende a los centros de reclusión que recibieron prensa antes del cierre del gobierno de Uribe. Magníficos centros de reclusión, se publicitó; hoy, el gobierno Santos reconoce que hay problemas de corrupción y que las estructuras entregadas tienen fallas que no permiten su funcionamiento adecuado.
El ministro Vargas Lleras anunció que se pondrá fin a la crisis del hacinamiento a través de la concentración en cinco “mega centros carcelarios” con capacidad para algo más de 4.500 personas cada uno. Las buenas prácticas carcelarias recomiendan la construcción de centros más pequeños, más humanos y más personales. La decisión colombiana va en contravía: construir mega-cárceles. Como de costumbre, el mundo al revés.
¿Reformar el código?
La vida en prisión no ha sido regulada por los códigos. A partir de 1934, cuando se adoptó el primer código carcelario en Colombia, hay una tendencia a creer que a golpe de normas se define la cárcel.
Con el advenimiento del paradigma de la resocialización, el código fue rediseñado en 1964 y luego en 1993. Se esperaba, como ahora, que un código “moderno” resolviera la situación.
Pero la prisión responde a las realidades más que a las normas. Por su naturaleza, la cárcel es una institución que se rige por formas sociales de poder y dominación que se utilizan para controlar la vida de los involucrados (tanto los detenidos como aquellos que detienen). Las normas se apartan de la realidad y, difícilmente, cumplen una función reguladora. Por lo general, las prisiones viven en una sostenida situación de anomia.
Desde hace años hay tolerancia y aceptación generalizadas frente al incumplimiento de las normas básicas contenidas en el Código penitenciario y carcelario vigente, Ley 65 de 1993. La ley existe pero todos saben que no se puede cumplir.
Antes de iniciar un debate normativo, es conveniente hacer estudios serios que indiquen, por ejemplo, qué aspectos del actual Código carcelario no se cumplen y por qué.
Igualmente, sería conveniente contar con un ejercicio financiero que planteara para la discusión pública cuánto valdría la aplicación efectiva de la Ley 65. Idealmente, evitando la respuesta pragmática de decir cuánto cuesta la administración del sistema carcelario “bajo crisis”. Lo que se necesita es un informe técnico sobre los costos reales de administrar el encierro como manda la ley –esto es, cumpliendo con el debido proceso en la fase ejecutiva de la pena.
Además, antes de buscar un código “moderno” o “que responda a la situación actual” es conveniente hacer estudios de política criminal que planteen científicamente una proyección de la población carcelaria sobre la base de las decisiones que se han tomado y de las que se promueven.
No se puede hacer un Código carcelario sin saber para dónde va la agenda penal. Además, sería bueno explicitar cuál es la “modernidad” que demanda tanto cambio. No queda muy claro.
Un proyecto mediocre
Y, finalmente, el nuevo Código debe responder a una toma consciente de decisiones públicas. El proyecto de ley que actualmente cursa en la Cámara de Representantes es antitécnico, es un paso atrás en la agenda de protección de derechos humanos y resulta calculadamente ambivalente en los temas más gruesos de la administración penitenciaria. Sólo a manera de ejemplo, ninguna de las siguientes preguntas goza de una respuesta clara en el proyecto de ley que fue ya aprobado en la Comisión Primera de esta corporación:
¿Se busca que la detención sea supervisada judicialmente, o se quieren dar poderes absolutos a la autoridad penitenciaria?
¿Se quiere pasar de un modelo de tercerización de servicios a un modelo de privatización incentivado por el lucro de los agentes privados?
¿Se quiere respetar la jurisprudencia constitucional en materia de derechos de los presos, o se quiere pasar a un régimen donde la doctrina de sujeción especial permite más o menos todo?
¿Se quiere acabar con el INPEC, o este instituto será reformado?
¿Se quiere resolver la situación de la salud en las cárceles mediante el sistema general de salud o a través de un sistema especial?
¿Se busca que los municipios y los departamentos respondan por el costo del encierro e inclusive que tengan sus propios centros de reclusión, o se busca un sistema administrado y financiado centralmente?
Hay muchas otras preguntas, pero éstas son cruciales. La ambivalencia es una mala cualidad de las políticas, especialmente cuando el costo humano es tan serio.
No hay duda de que es necesario reformar el régimen penitenciario colombiano; sin embargo, la reforma no debe ser un fin en sí mismo y el ejercicio debe ser técnico y transparente. Evitemos otra crisis anunciada para dentro de seis años.
Que se siga debatiendo…
El mundo carcelario es complejo y, por lo general, no se debate. No hay mayor estímulo para un investigador sobre el tema cuando lo invitan a escribir, porque la opinión pública quiere saber. Pues hay tanto de qué hablar y los espacios son tan reducidos, que, en esta ocasión por ejemplo, sólo he alcanzado a presentar una glosa de los problemas actuales. Quedan muchos temas por tratar: por ejemplo, ¿son el INPEC y sus guardianes el meollo del problema? Advierto que no creo tal cosa, pero el desarrollo quedará para una próxima entrega.
* Socio e investigador de la Corporación Punto de Vista, una organización que pretende hacer aportes a la práctica y al debate público sobre la democracia, la justicia y los derechos humanos, mediante la producción de conocimiento especializado, interdisciplinario y aplicado. Columnista de El Colombiano y profesor universitario.
CARACOL
RADIO
Inpec
admite fallas en atención de salud a los internos
El Inpec admitió que la carencia de recursos
no le permiten tener de manera adecuada los servicios de salud para el 80 por
ciento de los internos en las cárceles del país.
Caracol |
Julio 15 de 2008
El
Inpec admitió que la carencia de recursos presupuestales no le permiten tener
de manera adecuada los servicios de salud para el 80 por ciento de los internos
en las cárceles del país y advirtió que para ello necesita unos 33 mil millones
de pesos.
En el Concejo de Medellín, durante un debate a la situación del sistema
carcelario colombiano, la directora de Salud en el Inpec, Luz Elena Hernández,
explicó que según los estudios de su dependencia, sólo el 20 por ciento de la
población reclusa tiene alguna afiliación y servicios de salud en una EPS
subsidiada o contributiva, y recibe esa atención.
La
funcionaria explicó que ese despacho permanece a la espera de que el Ministerio
de Hacienda gire los 33 mil millones de pesos que requiere de manera urgente
para atender a los internos, y advirtió que en esas condiciones también es
necesaria una reforma de la ley 1122 para mejorar la prestación del servicio o
la vinculación de la población carcelaria a una EPS.
El
organismo reconoció que cuenta con muy poco personal para cubrir efectivamente
las penitenciarias y son insuficientes sus recursos, tanto humanos como
técnicos, para brindar calidad en sus servicios.
La
señora Hernández dijo que de los recursos, que necesita del Ministerio de
Hacienda, dependerían las afiliaciones de los reclusos al régimen subsidiado de
salud, así como la entidad prestadora del servicio, y de los aportes que haga
el Fosyga para lograr esa afiliación de la población reclusa.
Problemas en Medellín
En
la cárcel de Bellavista, en Medellín, el hacinamiento es uno de los principales
problemas, debido a que es un centro hecho para dos mil reclusos, y en este
momento tiene cuatro mil quinientos, lo que hace más vulnerable a la población
a adquirir más fácilmente enfermedades, explicó Luz Helena Hernández.
El Inpec y el Comité Internacional de la Cruz Roja adelantan un diagnóstico
integral para que los diferentes ministerios de Hacienda, de Justicia y de
Protección Social entreguen soluciones para esta crisis.
El personero delegado para los Derechos Humanos en Medellín, Jorge Ceballos,
denunció el hacinamiento en que se encuentran los reclusos de la cárcel de
Bellavista, quienes deben dormir en los baños, en los corredores y muchas veces
a la intemperie, lo cual deteriora su salud.
Según
el personero municipal, existen graves problemas en el régimen de visitas y los
reclusos no cuentan con atención psiquiátrica necesaria, lo que deriva en
fuertes depresiones y en casos extremos llega al suicidio, como el ocurrido
hace pocos días, cuando un recluso recurrió al ahorcamiento.
Además, sostuvo que la atención básica en salud es deficiente, ya que las
cárceles no tienen contratos con las diferentes EPS ni ARS que garanticen a los
internos una atención pronta para su salud, y en contados casos se les presta
el servicio en el primer nivel con falencias en la entrega de los medicamentos
recetados.
En recientes visitas a la cárcel de Bellavista, se observó que existen
estructuras de poder o micropoderes en los patios y que son éstas las que determinan
el valor de cada patio.
Por
otra parte, aunque la alimentación en el centro carcelario del Buen Pastor es
mejor, comparada con la de Bellavista, los problemas de salud tienen la misma
precariedad, dificultándose la atención en urgencias de los reclusos.
El personero denunció que sigue creciendo el maltrato en esta población, debido
a la existencia de armas cortopunzantes dentro del penal, que se usan de forma
continua en las riñas que se presentan, así como también se evidencian maltratos
por parte de los guardias.
Más
que declarar una crisis en el sistema carcelario, el Personero Delegado para
los Derechos Humanos, Jorge Eliécer Ceballos, dijo que no hay una clara
política pública que reconozca el derecho a la vida, a la salud, a la
seguridad, el derecho a preservar una familia en las personas detenidas y
sugirió no aplicar penas adicionales a la pérdida de libertad.
Entre
tanto, declaró que para resolver el problema de hacinamiento en las cárceles,
se está construyendo un nuevo centro de reclusión para sindicados en San
Cristóbal, occidente de Medellín, con capacidad para 2 mil 500 reclusos, pero
que sólo hasta ahora la obra va en el 7 por ciento de su construcción, por lo
que se prevé estará lista dentro de diez años.
Sin
servicios médicos
El
médico y concejal Luis Bernardo Vélez, calificó de ineficiente el sistema
carcelario en los centros de reclusión de Bellavista y el Buen Pastor, porque
allí sólo dos médicos prestan su servicio medio tiempo para atender a más de
cuatro mil 500 reclusos.
El
último caso considerado por el concejal como el desenlace de la ineficiencia
del sistema en las cárceles, está relacionado con el suicidio de un interno,
consecuencia de un mal diagnóstico psiquiátrico en la cárcel El Buen Pastor, a
donde son remitidos hombres de todas las cárceles del departamento.
Este hombre, según las investigaciones, murió ahorcado y fue hallado en su
celda, además los internos denuncian que no hay una atención de segundo nivel
en estas dos cárceles y no hay atención médica nocturna.
